Las encrucijadas del galeón San José

Antonio José Rengifo LozanoProfesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Experto en Derecho Internacional.

La justicia en Colombia ha sido esquiva para el galeón, en buena parte porque han primado la visión y los intereses del rescate sobre lo que debió ser el desarrollo de un conocimiento científico, promovido y coordinado como política de Estado.

Durante las cuatro últimas décadas –contadas desde el otorgamiento de las primeras licencias de exploración– el galeón San José ha trajinado esporádicamente los tres poderes del Estado colombiano, pero sin disminuir en intensidad: encendidos debates en el Congreso; algunas leyes y decretos; y decisiones judiciales por tribunales y altas cortes.

Existen algunos estudios históricos que se limitan a las circunstancias específicas del naufragio ocurrido el 8 de junio de 1708 y a las semanas previas en la importante Feria en Portobelo, fortificación sobre el Caribe de la actual Panamá. Sin embargo, el Estado no ha promovido la investigación científica sobre el galeón San José ni sobre el vasto y rico patrimonio cultural subacuático yacente en espacios marítimos de Colombia, debido a su historia, especialmente en el Caribe.

Por el contrario, la investigación se ha visto muy restringida, entre otros factores por el carácter de confidencialidad otorgado por ley a lo que tenga que ver con el naufragio, por muchos años considerado como un asunto de seguridad nacional.

El peso de la historia

Uno de los aspectos más interesantes del estudio de los naufragios de importancia arqueológica radica en la necesidad de abordar los problemas que ellos presentan desde la larga duración en la historia y sus relaciones con la geografía, la sociología, la antropología e incluso las formas jurídicas que los han regido a lo largo del tiempo.

En 1569, el geógrafo flamenco Gerardus Mercator publicó su mapa plano del mundo con la proyección cartográfica que respeta las formas de los continentes, pero no los tamaños. El mapa, que permite usar líneas de longitud y latitud para trazar una ruta recta, fue de mucha utilidad para la navegación alrededor del globo e impulsó las exploraciones de los europeos, iniciadas con la llegada de Colón a América.

"Una demanda de acción popular busca la cancelación de la Acción Pública Privada con la compañía Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), alegando irregularidades, falta de experiencia y de transparencia y la inviabilidad de someter a ese tipo de contratación estatal un patrimonio cultural de interés para toda la humanidad".

El desarrollo de la cartografía no ha sido exclusivo de los europeos. Desde el siglo III se inicia la historia de la cartografía china con el Clásico de la Historia, uno de los Cinco Clásicos de la Antigüedad en la cultura china.

Entre 1405 y 1433, el marino y explorador chino Zheng He hizo siete exploraciones navales con escuadras muy superiores en técnica, logística y número de marineros a los desarrollos europeos, para explorar –a partir del puerto de Nankín– Indonesia, Ceilán, la India, el sudeste asiático, el golfo Pérsico, la península arábiga y el este del continente africano hasta el canal de Mozambique, generando como resultado notables intercambios diplomáticos, culturales y comerciales. Nunca anexó territorios ni sometió pueblos a dominación colonial.

La historia, en especial la relativa a las etapas de extracción de materias primas y metales preciosos de los territorios sometidos a dominación colonial, tiene un peso importante en las justificaciones que se hacen hoy para las reclamaciones jurídicas de los naufragios de importancia arqueológica.

España ha venido ejerciendo un intenso activismo judicial y diplomático para reclamar su propiedad exclusiva y excluyente sobre naufragios históricos, como quedó expuesto en el caso de la fragata Las Mercedes, concluyendo así los procesos de extracción de materias primas y metales preciosos que quedaron truncos por diversas circunstancias históricas desde lo que ese país consideró por siglos eran “sus territorios”.

La ecuación propuesta por España presenta el problema de ser incompleta, pues pretende soslayar los aportes del mundo colonizado del pasado a la configuración del patrimonio cultural subacuático, tal como se presenta hoy. La visión en la cual ha basado sus reclamos de naufragios históricos se corresponde con el legado humanista-colonialista de Europa al derecho internacional “clásico”.

A esa visión es preciso contraponer una visión descolonizadora del derecho internacional desde los países del Sur, no solo para el patrimonio cultural subacuático, que promueva la creación de oportunidades de su participación en condiciones de igualdad real con los demás Estados.

Dos visiones se contraponen entonces, que se jugarán en el futuro, no solo en potenciales controversias internacionales sino también en el devenir de la diplomacia y las relaciones internacionales. Esa es la encrucijada mayor del galeón San José.

Justicia para el galeón

El tránsito del galeón por las agitadas aguas de arduos intereses y litigios por los despachos judiciales en Colombia ha producido algunas decisiones, de por sí complejas, que han complicado aún más la situación del naufragio, con el paso del tiempo y la aparición de nuevos hechos de relevancia judicial y diplomática.

En julio de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como conclusión a un proceso de dos décadas de duración, decidió reconocer propiedad, por partes iguales, a la Nación y a la Sea Search Armada, sobre los bienes que sean susceptibles de ser reconocidos en la categoría de “tesoros” de que trata el Código Civil, con base en la denuncia del hallazgo en las coordenadas específicas indicadas en un informe confidencial de exploración submarina. La Corte no indicó los criterios científicos o arqueológicos para distinguir los bienes del naufragio que entrarían en la categoría de “tesoro”, de los bienes del patrimonio cultural, propiedad de la Nación.

En sentencia de febrero de 2018, como conclusión a un proceso adelantado por el autor del presente artículo, el Consejo de Estado concluyó que el patrimonio del naufragio del galeón San José, quedó “blindado” con la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en sentencia ordinaria civil de 2007, “en la que definió el litigio protagonizado entre la sociedad norteamericana Sea Search Armada y el Estado colombiano”.

Habiendo hecho las anteriores declaraciones, la sentencia del Consejo de Estado se abstuvo de abordar el problema de las coordenadas del sitio real del naufragio, planteado en la demanda que aún hoy sigue siendo una encrucijada para el galeón.

En seguimiento al anuncio del gobierno de Juan Manuel Santos sobre el hallazgo del galeón, una Acción Pública Privada (APP) para el rescate del naufragio se encuentra actualmente en curso, con la compañía Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), como único proponente.

Una demanda de acción popular busca la cancelación de la APP alegando irregularidades, falta de experiencia y de transparencia, además de la inviabilidad de someter a ese tipo de contratación estatal un patrimonio cultural de interés para toda la humanidad.

En ese último caso también aparece un dilema: si se cancela la APP podrían sobrevenir demandas contra Colombia, y si no se cancela, los MACS se añadirían a la lista de reclamantes del naufragio.

La justicia en Colombia ha sido esquiva para el galeón, en buena parte porque han primado la visión y los intereses del rescate sobre lo que debió ser el desarrollo de un conocimiento científico, promovido y coordinado como política de Estado, del problema del patrimonio cultural subacuático, de los factores históricos que inciden en él y de la forma de blindarlo efectivamente frente a los potenciales reclamantes de un naufragio altamente disputado.

Alguien ha dicho, con algo de humor, pero no lejos de la realidad, que tal como se presenta actualmente la situación jurídica del San José, en caso de un pronto rescate el Estado colombiano tendría que entregar todo el naufragio y además debería indemnizar a varios reclamantes, lo cual da una idea de las incertidumbres que giran alrededor de sus agitadas aguas.

Caminos en el mar

El destino de los galeones es el de ser disputados, desde los tiempos en que fatigaron los mares y agitaron las “carreras” marítimas transportando materias primas y metales preciosos a la Europa encendida por guerras imperiales, hasta hoy cuando las tecnologías submarinas han hecho posible la exploración y explotación de los naufragios históricos. El galeón San José no podría ser una excepción.

En noviembre de 2019, la política y médica alemana Ursula von der Leyen declaró que la Comisión Europea, que ella empezaba a presidir, debía ser geopolítica, sin especificar los mecanismos para vehicular un proyecto de paz, propio de los valores reivindicados por los europeos, que pudiera ser promovido desde un programa de geopolítica. Con mayor razón ahora que la pandemia ha hecho evidente que Occidente no representa al resto del mundo, si es que alguna vez lo representó.

"Los problemas jurídicos que pesan sobre el naufragio del San José exigen soluciones jurídicas, no declaraciones voluntaristas, por muy importantes que sean los funcionarios que las emiten desde las escalas de la función pública".

Es preciso proponer una visión cultural que, como prioridad, reivindique los aportes de esta parte del mundo al patrimonio cultural subacuático y que ponga en cuestión la legitimidad y validez de la aplicación de dicha inmunidad a naufragios de más de un siglo de historia, de los cuales, como realidad arqueológica, lo que predomina después de varios siglos es la carga aportada por los países del Sur sometidos en el pasado a dominación colonial.

Al comienzo de su gestión, en septiembre de 2018, el presidente Iván Duque, mediante el Decreto 1714 encomendó a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, entre otras misiones, la de “coordinar lo relacionado con el Patrimonio Cultural Sumergido del Galeón San José”, lo cual, si se interpreta en sentido amplio, viene a ser una confirmación de la constante, varias veces mencionada, consistente en la priorización del rescate.

No existen o no se conocen políticas ni estudios promovidos ni adelantados desde el Estado, relacionados con el importante y riquísimo patrimonio cultural subacuático yaciente en aguas colombianas, ni posiciones del Estado colombiano frente a la comunidad internacional, ni tampoco estudios específicos sobre los complejos problemas que presenta el naufragio del San José.

Una excepción honrosa fue la decisión de declarar el galeón San Jose como bien de interés cultural, promovida desde la Veeduría Oficiosa para el Patrimonio Cultural Subacuático. Una de las consecuencias de esa declaratoria radica en que cualquier disposición del galeón o parte de él, o cualquier acuerdo en tal sentido, deberá surtir trámite ante el Congreso de la República, tal como lo ha ratificado la Corte Constitucional en sentencia relevante, particularmente la del caso de restitución de la Colección Quimbaya.

Los problemas jurídicos que pesan sobre el naufragio del San José exigen soluciones jurídicas, no declaraciones voluntaristas, por muy importantes que sean los funcionarios que las emiten desde las escalas de la función pública.

Como constante histórica, los galeones se resisten a quienes se niegan a dar las luchas que ellos ameritan y no se facilitarán a quienes los consideren un objetivo fácil. Los dilemas que rondan el galeón San José, sobre los cuales no se han configurado alternativas viables, ni siquiera declaración alguna por parte del Estado colombiano, conducen a pensar que el difícil rescate tomará tiempo aún.

(Este artículo es original de: Periódico UNAL/ http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/las-encrucijadas-del-galeon-san-jose/)